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Imagen: unorafaela.com
REVISTA MAGNA. BUENOS AIRES
Un nuevo caso de corrupción salpica al Gobierno. ¿Qué papel juega el juez Oyarbide? ¿Cómo repercutirá en la campaña electoral?
Hay una premisa que asemeja muchas de las noticias más importantes de nuestro país: los protagonistas de las mismas adquieren una importancia casi excluyente sin dejar lugar al conocimiento profundo de la causa que origina la información. El caso Schoklender no fue ajeno a esta situación; este nombre junto al de Hebe de Bonafini, Madres de Plaza de Mayo, Julio de Vido y Cristina coparon la mayor parte de las páginas de los diarios. Todos conocemos a los protagonistas, pero no muchos conocen concretamente la génesis de la denuncia. Brevemente –y de manera extremadamente simple y sencilla- intentaremos explicar lo sucedido.
El Gobierno nacional destina un presupuesto de 300 millones de pesos a la fundación Madres de Plaza de Mayo (presidida por Hebe de Bonafini) para la construcción de viviendas sociales. Sergio Schoklender era (renunció hace diez días) el principal apoderado de Hebe de Bonafini, manteniendo además una relación de amistad íntima con ella.
La denuncia contra la fundación es por malversación de fondos y lavado de dinero. Básicamente, nadie puede explicar que pasó o dónde están los 300 millones que el Gobierno destinó a las madres. A raíz de ello, aparecen un par de ingredientes que agravan la causa: Sergio Schoklender tiene vinculación directa con Meldorek (empresa encargada de la construcción de las casas). Hasta hace unos meses, no negaba su relación con la empresa, pero una vez instalado el escándalo intentó despegarse diciendo que “sólo tengo gente conocida que trabaja ahí”. El archivo fulminó a Schoklender; como si fuera poco, una investigación de Jorge Lanata (Perfil) demostró que su domicilio fiscal es el mismo que el de Meldorek.
La verborragia y el cinismo de Schoklender funcionaron de agravante; dichos como “Tengo plata, si quiero me compro una Ferrari” o “Viajo en avión privado porque quiero” no son los recomendados para una persona que mantiene una relación directa con una fundación de Derechos Humanos. Al respecto, sólo hay que agregar que –según la AFIP- Schoklender pertenece a la categoría autónomo 2 (no puede ganar más de 30 mil pesos por año), con lo que es correcto afirmar que si no le cabe el rótulo de corrupto, sí el de evasor de impuestos (no existe la posibilidad de comprarse una Ferrari o viajar en aviones privados con menos de 2800 pesos por mes).
Reacciones insuficientes
Teniendo en claro las causas del problema, podemos avanzar al siguiente nivel: analizar las consecuencias políticas que este hecho de corrupción acarrea.
Antes de continuar, la responsabilidad histórica que la fundación involucrada posee, amerita hacer una importante salvedad: DE NINGUNA MANERA SE INTENTÓ, SE INTENTA O SE INTENTARÁ DESPRETIGIAR O ENSUCIAR LA LABOR QUE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO (COMO INSTITUCIÓN) HAN VENIDO DESARROLLANDO. NO SE ATACA A LA FUNDACIÓN, SI A LA PERSONA INVOLUCRADA (SCHOKLENDER) QUE, LAMENTABLEMENTE, TIENE UNA RELACIÓN DIRECTA CON LAS MADRES. INCLUSO LAS ACUSACIONES CONTRA HEBE DE BONAFINI DEBEN TOMARSE COMO ATAQUES A LA PERSONA Y NO A LA INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA. NADIE PONE EN DISCUSIÓN EL APORTE QUE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO HICIERON A LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS.
Aclarada la división entre institución y persona, sí podemos afirmar que el “caso Schoklender” dañará profundamente la honestidad y transparencia del Gobierno de Cristina. Hasta el momento, Hebe de Bonafini y la Presidenta prefirieron el silencio como arma defensiva. La falta de explicaciones de voces oficiales fue –precisamente- lo que agigantó las dudas (a esta altura ya se convirtieron en certezas) que alimentaron el escándalo.
Los únicos funcionarios “K” que esbozaron su opinión sobre el tema fueron el Canciller y el Ministro del interior, pero no se encargaron de detallar el paradero de los 300 millones, sino de atacar a Schoklender intentando salvaguardar la figura de Hebe de Bonafini. Timmerman dijo –vía twitter- que Schoklender no pertenecía al seno de la fundación y Randazzo fue más drástico al declarar que “quizás las madres fueron estafadas”.
Lo anterior no significa que Sergio Schoklender sea una de esas personas que disgusten al Gobierno o que, ideológicamente, vayan contra los principios cristinistas. Todo lo contrario, pero como en cualquier juego estratégico, cuando uno se encuentra acorralado se ve obligado a sacrificar algunas piezas para resistir lo más decorosamente la ofensiva. Desde esta perspectiva, podemos concluir que Hebe de Bonafini es una personalidad de máxima importancia en el Gobierno K; en ningún momento se pensó en soltarle la mano a la líder de las madres. Corriendo el riesgo de perder algunos votos por resultar salpicada en un hecho de corrupción, Cristina decidió que la figura de Hebe no se toca.
Oyarbide, el único juez
El sistema judicial argentino soslaya que ante una causa de la magnitud del “caso Schoklender” se sortea el juzgado que va a hacerse cargo de investigar el hecho. Existen nueve jueces federales habilitados para que sus juzgados reciban los casos. Lo curioso (y sospechoso) es que todos los hechos potencialmente graves o peligrosos para el kirchnerismo cayeron en manos de Norberto Oyarbide.
Las encuestas telefónicas que involucraban (perjudicialmente) a Mauricio Macri, el caso de corrupción de Ricardo Jaime (ex secretario de transporte “K”), la investigación sobre las obras sociales que salpicaba a Moyano y el exhorto suizo sobre las cuentas de Hugo Moyano poseen tres semejanzas más que sorprendentes: en primer lugar, se trata de causas que influían directamente en la imagen del gobierno “K”; en segundo lugar, fueron todas investigadas por el juez Oyarbide; y en tercer lugar, todas se definieron a favor del Gobierno.
Curiosamente, el “caso Schoklender” cayó en manos de Oyarbide. Sin poner en discusión el funcionamiento del Poder Judicial, se puede inferir que la modalidad en la que las causas recaen sobre un juez tiene un importante grado de arbitrariedad.
Más allá de todas las interpretaciones que se puedan hacer sobre Schoklender y el manejo de los fondos que las madres recibieron del Gobierno, lo concreto es que un nuevo hecho de corrupción volvió a tocar al kirchnerismo. En la misma semana, Cristina festejó abiertamente el triunfo de un menemista natural (Beder Herrera) en La Rioja sin ocultar su “cuasi alianza” con el mismísimo Carlos Menem. Además, no frenó el rumor sobre una posible candidatura de Zalemita Menem en una lista “K” para diputados nacionales.
Teniendo en cuenta todas estas circunstancias surge un interrogante que preocupa a más de uno: ¿cuán lejos está el kirchnerismo de los tan criticados y defenestrados (por ellos mismos) años perteneciente a la década del noventa? ¿Es más entendible ahora que Néstor Kirchner haya llegado a la intendencia y a la gobernación junto a la foto de Menem como presidente?